La
Minería y el Desarrollo Rural. Por Carlos Monge
El
50% del impuesto a la renta y las regalías que pagan las empresas mineras va a
los gobiernos regionales y locales de las regiones productoras. Si esa plata se
gasta en mantenimiento de obra pública pagando jornales 4 veces mayores que los
que pagan los productores rurales, habrá más liquidez local durante un tiempo,
pero se estará matando a la agricultura y el desarrollo rural. Si los alcaldes
gastan esa plata en buena infraestructura de comunicaciones pueden abaratar la
salida al mercado de los productos campesinos locales, pero también pueden
facilitar la invasión de productos alimenticios manufacturados baratos que
desplazan a la producción local.
Las
empresas mineras impactan negativamente sobre el desarrollo rural si destruyen
las fuentes de agua, toman el agua que antes usaban otros, o la contaminan.
Pueden impactas positivamente sin compran muchos bienes y servicios a los
campesinos locales, sosteniendo de esa manera procesos de acumulación local.
Pero también pueden demandar muchos bienes y servicios urbanos y encarecerlos,
lo que afecta negativamente a los campesinos que también los consumen.
Pero,
en ningún caso es realista esperar que unos cuantos proyectos mineros le puedan
comprar toda su producción a todos los miles de pequeños productores agropecuarios
de una región rural. Por ejemplo, de acuerdo al CENAGRO 2012, Cajamarca es la
región con más productores agropecuarios (345,341, seguida de Puno y después
Ancash). No hay manera que Yanacocha, Goldfields y unas cuantas otras
inversiones mineras se compren toda la producción de la región. Pero si es un
hecho que buena parte de los campesinos de la región se ven afectados por el
aumento de los precios de alojamiento, transporte, alimentación y otros
servicios urbanos en la ciudad de Cajamarca, resultantes de la demanda que por
esos bienes generan las mineras.
Es
un mito pues eso de que las mineras automáticamente generan desarrollo rural.
Su impacto en el desarrollo rural dependerá en verdad del uso que las
autoridades locales y regionales den a los recursos fiscales que la minería
genera, de su impacto sobre el agua, y de las políticas de compras de bienes y
servicios de cada empresa.
En
realidad, el destino del desarrollo rural está en las manos, sobre todo, del
Ministerio de Economía y Finanzas y del Banco Central de Reserva, que son los
que toma decisiones -por ejemplo- sobre el tipo de cambio y los aranceles, que
facilitan o dificultan la importación de alimentos baratos de otras partes del
mundo. Y del Ministerio de Agricultura y sus políticas y programas sectoriales.
Para lograr el desarrollo rural, no hacen más inversiones mineras sino más
políticas públicas que generen oportunidades para los pequeños productores.
